Compromiso gubernamental, equipo conformado

Compromiso con la Gestión Integrada de Recursos Hídricos 

Problemas, situación de la GIRH, identificación de objetivos

Elementos de la seguridad hídrica en la cuenca, Indicadores, Metas

Proyecciones a futuro, Metas, Valoración

Objetivos priorizados, Estrategia seleccionada

Proceso participativo de desarrollo del Plan/PDC, incluyendo una estrategia, selección de medidas GIRH/MIC, AbE y otros.

Acciones legales, institucionales de gestión desarrollo de capacidades

Revisar el progreso, revisar el plan

Incertidumbres acerca del futuro: Cambio climático, cambio poblacional, cambio ambiental, cambio político, cambio social

Adaptar el nivel de capacidad de las autoridades responsables ante la complejidad de los retos hídricos a los que deben hacer frente, y al conjunto de competencias necesarias para el desempeño de sus funciones:  

a) Identificando y abordando las deficiencias de capacidad para aplicar la gestión integrada de los recursos hídricos, especialmente en lo que se refiere a la planificación, la elaboración de normas, la gestión de proyectos, las finanzas, la elaboración de presupuestos, la recopilación de datos y el seguimiento, la gestión de riesgos y la evaluación;  

b) Adecuando el nivel de capacidad técnica, financiera e institucional de los sistemas de gobernanza del agua a la naturaleza de los problemas y las necesidades;  

c) Fomentando la asignación adaptativa y evolutiva de competencias tras la demostración de la capacidad, cuando proceda;  

d) Promover la contratación de funcionarios públicos y profesionales del agua, mediante procesos basados en la meritocracia, transparentes e independientes de los ciclos políticos; y  

e) Promoviendo la educación y la formación de los profesionales del agua para reforzar la capacidad de las instituciones del agua, así como de las partes interesadas en general, y para fomentar la cooperación y el intercambio de conocimientos.

Fomentar la coherencia de las políticas mediante una coordinación intersectorial eficaz, especialmente entre las políticas de agua y medio ambiente, salud, energía, agricultura, industria, ordenamiento del territorio y uso de la tierra: 

a) Fomentando mecanismos de coordinación que faciliten políticas coherentes entre ministerios, organismos públicos y niveles de gobierno, incluyendo planes multisectoriales;  

b) Promoviendo la gestión coordinada del uso, la protección y el saneamiento de los recursos hídricos, teniendo en cuenta las políticas que afectan a la disponibilidad, la calidad y la demanda de agua (por ejemplo, la agricultura, la silvicultura, la minería, la energía, la pesca, el transporte, la recreación, el ocio y la navegación), así como la prevención de riesgos;  

c) Identificando, evaluando y abordando los obstáculos a la coherencia política de las prácticas, políticas y regulaciones dentro y fuera del sector del agua, utilizando el monitoreo, reporte y seguimiento, los informes y las revisiones; y  

d) Proporcionando incentivos y regulaciones para mitigar los conflictos entre las estrategias sectoriales, alineando estas estrategias con las necesidades de gestión del agua y encontrando soluciones que se ajusten a la gobernanza y las normas locales.  

Para ello, las prácticas e instrumentos de gestión del agua deben:  

a) Responder a los objetivos medioambientales, económicos y sociales a largo plazo, con vistas a hacer el mejor uso de los recursos hídricos, mediante la prevención de riesgos y la gestión integrada de los recursos hídricos;  

b) Fomentar una buena gestión del ciclo hidrológico, desde la captación y distribución del agua dulce hasta el vertido de las aguas residuales y los flujos de retorno;  

c) Promover estrategias de adaptación y mitigación, programas de acción y medidas basadas en mandatos claros y coherentes; a través de planes eficaces de gestión de cuencas que sean coherentes con las políticas nacionales y las condiciones locales;  

d) Promover la cooperación a varios niveles entre los usuarios, las partes interesadas y los niveles de gobierno para la gestión de los recursos hídricos; y  

e) Potenciar la cooperación entre estados ribereños en el uso de los recursos hídricos de agua dulce transfronterizos.

Asignar y distinguir claramente las funciones y responsabilidades en la elaboración de políticas del agua, su aplicación, la gestión operativa y la regulación, y fomentar la coordinación entre estas autoridades responsables.   

Para ello, los marcos legales e institucionales deberían:   

a) Especificar la asignación de funciones y responsabilidades, en todos los niveles de gobierno y en las instituciones sobre el agua y relacionadas con el agua;   

b) Elaborar políticas, especialmente el establecimiento de prioridades y la planificación estratégica;   

c) Aplicar políticas, especialmente la financiación y el presupuesto, los datos y la información, la participación de las partes interesadas, el desarrollo de capacidades y la evaluación;   

d) Realizar la gestión operativa, especialmente la prestación de servicios, el funcionamiento de las infraestructuras y las inversiones; y   

e) Regular, aplicar y cumplir, especialmente la fijación de tarifas, normas, concesión de licencias, seguimiento y supervisión, control y auditoría, y gestión de conflictos;   

f) Ayudar a identificar y abordar las lagunas, los solapamientos y los conflictos de intereses mediante una coordinación eficaz en todos los niveles de gobierno.

Promover el monitoreo y la evaluación periódica de la política y la gobernanza del agua, cuando proceda, compartir los resultados con el público y realizar los ajustes necesarios:  

a) Promoviendo instituciones dedicadas al seguimiento y la evaluación que estén dotadas de capacidad suficiente, grado adecuado de independencia y recursos, así como de los instrumentos necesarios;  

b) Desarrollando mecanismos fiables de seguimiento e información para orientar eficazmente la toma de decisiones;  

c) Evaluando hasta qué punto la política del agua cumple los resultados previstos y los marcos de gobernanza del agua son adecuados para su finalidad; y  

d) Fomentando el intercambio oportuno y transparente de los resultados de la evaluación y adaptar las estrategias a medida que se disponga de nueva información. 

Fomentar marcos de gobernanza del agua que ayuden a gestionar las compensaciones entre los usuarios del agua, las zonas rurales y urbanas, y las generaciones:

a) Promoviendo la participación no discriminatoria en la toma de decisiones entre las personas, especialmente los grupos vulnerables y las personas que viven en zonas remotas;  

b) Capacitando a las autoridades locales y a los usuarios para que identifiquen y aborden los obstáculos que impiden el acceso a los servicios y recursos hídricos de calidad y promover la cooperación entre las zonas rurales y urbanas, incluso mediante una mayor colaboración entre las instituciones del agua y los planificadores del territorio;  

c) Promoviendo el debate público sobre los riesgos y los costes asociados a un exceso de agua, a una escasez de agua o a una contaminación excesiva, con el fin de sensibilizar a la población, crear un consenso sobre quién paga cada cosa y contribuir a mejorar la asequibilidad y la sostenibilidad ahora y en el futuro.  

d) Fomentando la evaluación basada en pruebas de las consecuencias distributivas de las políticas relacionadas con el agua en los ciudadanos, los usuarios del agua y los territorios para orientar la toma de decisiones.

Promover la participación e involucramiento de las partes interesadas para que contribuyan con conocimiento de causa y orientadas a los resultados, al diseño y la aplicación de la política del agua:   

a) Identificando a los actores públicos, privados y sin ánimo de lucro que tienen un interés en el resultado o que pueden verse afectados por las decisiones relacionadas con el agua, así como sus responsabilidades, motivaciones principales e interacciones;  

b) Prestando especial atención a las categorías infrarrepresentadas (jóvenes, pobres, mujeres, indígenas, usuarios domésticos), a los recién llegados (promotores inmobiliarios, inversores institucionales) y a otras partes interesadas e instituciones relacionadas con el agua;  

c) Definiendo la línea de toma de decisiones y el uso que se espera de las aportaciones de las partes interesadas, y mitigar los desequilibrios de poder y los riesgos de captura de la consulta por parte de las categorías sobrerrepresentadas o demasiado ruidosas, así como entre las voces expertas y las no expertas;  

d) Fomentando el desarrollo de la capacidad de las partes interesadas pertinentes, así como una información precisa, oportuna y fiable, según proceda;  

e) Evaluando el proceso y los resultados de la participación de las partes interesadas para aprender, ajustar y mejorar en consecuencia, incluida la evaluación de los costos y beneficios de los procesos de participación;  

f) Promoviendo marcos jurídicos e institucionales, estructuras organizativas y autoridades responsables que favorezcan la participación de las partes interesadas, teniendo en cuenta las circunstancias, necesidades y capacidades locales; y  

g) Adaptando el tipo y el nivel de participación de las partes interesadas a las necesidades y mantener la flexibilidad del proceso para adaptarlo a las circunstancias cambiantes.  

Integrar las prácticas de integridad y transparencia en las políticas del agua, las instituciones del agua y los marcos de gobernanza del agua para una mayor responsabilidad y confianza en la toma de decisiones:  

 a) Promoviendo marcos legales e institucionales que obliguen a los responsables de la toma de decisiones y a las partes interesadas a rendir cuentas, como el derecho a la información y las autoridades independientes para investigar los problemas relacionados con el agua y la aplicación de la ley;  

b) Fomentando normas, códigos de conducta o cartas sobre integridad y transparencia en contextos nacionales o locales y supervisando su aplicación;  

c) Estableciendo mecanismos claros de rendición de cuentas y control para la elaboración y aplicación de políticas transparentes en materia de agua;  

d) Diagnosticando y mapeando periódicamente los factores de corrupción y los riesgos existentes o potenciales en todas las instituciones relacionadas con el agua a diferentes niveles, incluida la contratación pública; y  

e) Adoptando enfoques de múltiples partes interesadas, herramientas específicas y planes de acción para identificar y abordar las lagunas en materia de integridad y transparencia en el sector del agua (por ejemplo, escaneos/impactos de integridad, análisis de riesgos, testigos sociales).

Producir, actualizar y compartir datos e información oportunos, coherentes, comparables y relevantes para las políticas sobre el agua, y utilizarlos para orientar, evaluar y mejorar la política del agua, mediante:  

a) La definición de los requisitos para la producción rentable y sostenible y los métodos para compartir datos e información de alta calidad sobre el agua y relacionados con el agua, por ejemplo: el estado de los recursos hídricos, la financiación del agua, las necesidades ambientales, las características socioeconómicas y la cartografía institucional.  

b) El fomento de la coordinación efectiva y el intercambio de experiencias entre las organizaciones y agencias que producen datos relacionados con el agua, entre los productores de datos y los usuarios, y entre los niveles de gobierno;  

c) La promoción del compromiso con las partes interesadas en el diseño y la implementación de los sistemas de información sobre el agua, y proporcionar orientación sobre cómo debe compartirse dicha información para fomentar la transparencia, la confianza y la comparabilidad (por ejemplo, bancos de datos, informes, mapas, diagramas, observatorios);  

d) El fomento del diseño de sistemas de información armonizados y coherentes a escala de cuenca, incluso en el caso de las aguas transfronterizas, para fomentar la confianza mutua, la reciprocidad y la comparabilidad en el marco de los acuerdos entre países ribereños; y  

e) La revisión de la recopilación, el uso, la puesta en común y la difusión de datos para identificar solapamientos y sinergias, y para controlar la sobrecarga innecesaria de datos.  

Garantizar que los acuerdos de gobernanza ayuden a movilizar la financiación del agua y a asignar los recursos financieros de manera eficiente, transparente y oportuna:   

a) Promoviendo acuerdos de gobernanza que ayuden a las instituciones del agua en todos los niveles de gobierno a recaudar los ingresos necesarios para cumplir con sus mandatos, basándose, por ejemplo, en principios como el de "el que contamina paga" y el de "el usuario paga", así como en el pago por servicios medioambientales;  

b) Llevando a cabo revisiones del sector y una planificación financiera estratégica para evaluar las necesidades operativas y de inversión a corto, medio y largo plazo, y tomar medidas que ayuden a garantizar la disponibilidad y la sostenibilidad de dicha financiación;  

c) Adoptar prácticas sólidas y transparentes de presupuestación y contabilidad que proporcionen una imagen clara de las actividades relacionadas con el agua y de cualquier pasivo contingente asociado, incluyendo la inversión en infraestructuras, y alinear los planes estratégicos plurianuales con los presupuestos anuales y las prioridades a medio plazo de los gobiernos;  

d) Adoptando mecanismos que fomenten la asignación eficiente y transparente de los fondos públicos relacionados con el agua (por ejemplo, mediante contratos sociales, cuadros de mando y auditorías); y  

e) Reduciendo al mínimo las cargas administrativas innecesarias relacionadas con el gasto público, preservando al mismo tiempo las salvaguardias fiduciarias y fiscales.  

Garantizar que se apliquen y se hagan cumplir eficazmente los marcos reguladores de la gestión del agua en áreas del interés público:   

a) Garantizando un marco legal e institucional amplio, coherente y predecible que establezca reglas, normas y directrices para lograr los resultados de la política del agua, y fomentar la planificación integrada a largo plazo;  

b) Garantizando que las funciones reguladoras clave se cumplan en todos los organismos públicos, instituciones especializadas y niveles de gobierno, y que las autoridades reguladoras estén dotadas de los recursos necesarios;  

c) Garantizando que las normas, instituciones y procesos estén bien coordinados, sean transparentes, no discriminatorios, participativos y fáciles de entender y aplicar;  

d) Fomentando el uso de herramientas de regulación (mecanismos de evaluación y consulta) para fomentar la calidad de los procesos de regulación y hacer que los resultados sean accesibles al público, cuando proceda;  

e) Estableciendo normas, procedimientos, incentivos e instrumentos de aplicación claros, transparentes y proporcionados (incluidas recompensas y sanciones) para promover el cumplimiento y alcanzar los objetivos de la regulación de forma rentable; y  

f) Garantizando que se puedan reclamar soluciones efectivas, mediante un acceso no discriminatorio a la justicia, considerando el abanico de opciones según corresponda.

Promover la adopción y aplicación de prácticas innovadoras de gobernanza del agua entre las autoridades responsables, los niveles de gobierno y las partes interesadas pertinentes:  

a) Fomentando la experimentación y las pruebas piloto sobre la gobernanza del agua, extrayendo lecciones de los éxitos y los fracasos, y ampliando las prácticas reproducibles;  

b) Promoviendo el aprendizaje social para facilitar el diálogo y la creación de consenso, por ejemplo, a través de plataformas de redes, medios sociales, tecnologías de la información y la comunicación (TIC) e interfaces fáciles de usar (por ejemplo, mapas digitales, big data, datos inteligentes y datos abiertos) y otros medios;  

c) Promoviendo formas innovadoras de cooperación, de puesta en común de recursos y capacidades, de creación de sinergias entre sectores y de búsqueda de ganancias de eficiencia, especialmente a través de la gobernanza metropolitana, la colaboración intermunicipal, las asociaciones urbano-rurales y los contratos basados en el rendimiento; y  

d) Promoviendo una sólida interfaz entre la ciencia y la política para contribuir a una mejor gobernanza del agua y salvar la brecha entre los hallazgos científicos y las prácticas de gobernanza del agua.